Desde la reforma del Código Penal de 2010 en que, por primera vez en España, se reconoció que las personas jurídicas podían ser responsables penalmente, muchas son las empresas que han ido tomando conciencia de la importancia de adoptar las precauciones necesarias para evitar ese riesgo. Al principio fueron sobre todo las empresas españolas, filiales de multinacionales, las que, por políticas corporativas, empezaron a plantearse este tema en sus organizaciones.
Sin embargo, no fue hasta después del año 2015, cuando el legislador incidió en el tema y ya, de manera más contundente, puso sobre la mesa la necesidad de que las empresas contasen con los denominados “Programas de cumplimiento normativo”, más conocidos por su término anglosajón, “Compliance Management System (CMS)”, con los que se podría evitar la condena penal tanto de la propia entidad, como de sus administradores, cuando el resto de empresas ha empezado a preocuparse por este asunto.
Dado que la norma no fue tan clara como sería deseable, los juristas hemos de apoyarnos en las diferentes sentencias que el Tribunal Supremo ha ido dictando sobre la materia, otorgando así algo de luz sobre la manera de implantar estos sistemas de prevención de delitos en las empresas, las consecuencias de no hacerlo, etc.
Pero aún queda un largo camino por recorrer ya que son muchos los empresarios, sobre todo en el ámbito de las Pymes, que ni siquiera han oído hablar de este tema y que no son conscientes del riesgo que asumen al no haber implantado un sistema de prevención de delitos en sus compañías. Y por supuesto este riesgo no es solo para sus empresas, sino también para ellos, como administradores, ya que tienen el deber de supervisar y controlar todo aquello que ocurra en su empresa y de establecer los sistemas de control adecuados, en base a su actividad y riesgo, para tratar de evitar la consecución de cualquier ilícito penal en el ámbito de su negocio.
Y no olvidemos que estamos hablando de responsabilidad penal, y eso, son palabras mayores.
Paola Cavadas
